Más de 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario se han unido, en una iniciativa poco habitual, para denunciar el deterioro de la seguridad jurídica por parte de la Administración Tributaria. Consideran que la Hacienda española, dirigida por Cristóbal Montoro en los últimos años, contempla a los contribuyentes como “súbditos” en vez de ciudadanos, al tiempo que defienden una Hacienda pública única. Éstas son algunas de las conclusiones de la que han llamado Declaración de Granada:
Los catedráticos advierten de que “no todo es permisible” y de que “el afán recaudatorio se ha convertido en el único comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantías”.
Se ha ido consolidando como algo ordinario la primacía del poder ejecutivo sobre el legislativo, el gobierno de la Hacienda Pública mediante el uso reiterado del Real Decreto-ley, lo que denuncian que supone un ataque al principio de legalidad, ya que se alejan las fuentes del derecho de los ciudadanos a través de sus representantes.
Ven otro ataque a la legalidad tributaria en los tribunales, sobre todo el de la UE, que asumen funciones normativas.
Critican que el legislador usa expresiones difícilmente comprensibles y permanentes remisiones normativas que convierten a la Dirección General de Tributos “en una especie de oráculo que explica a todos la verdad revelada contenida en la norma”.
A esto se suma que la Administración tiende a reformar las normas que cuestionan los tribunales convirtiendo en ley lo que la Justicia ha tumbado. Opinan que se mantiene el criterio administrativo frente al reiterado parecer judicial y frente al principio de presunción de inocencia, el de culpabilidad. El legislador convierte al contribuyente en una especie de administrador vicario, lo que obliga a cumplir con unas obligaciones que originariamente deben ser propias de la Administración Tributaria.
Señalan que se ha “diluido la figura del contribuyente”, sustituida por la “más ambigua” de “obligado tributario”. Esta situación les preocupa por la “desmedida ampliación de las situaciones de responsabilidad tributaria a terceros que no guardan relación con el hecho imponible”.
Sostienen que se ha producido la quiebra del principio de seguridad jurídica, con una proliferación de obligaciones y deberes. Señalan que en el ámbito sancionador, la Administración contradice los principios del orden penal y se construye “un ordenamiento pro fisco que en no pocas ocasiones nada tiene que ver con el interés público”.
Por último, enfatizan que estamos ante “una profunda crisis del principio de justicia financiera, en el ámbito del ingreso y en el del gasto público” y denuncian la ausencia de un control jurídico sobre los gastos públicos que propicia el “despilfarro” e inversiones improductivas.
¿Montero cambiará todo estos o será igual que Montoro?…
Fuente: Expansión